Abrir una blockchain al mercado institucional exige más que capacidad de procesamiento. Los bancos necesitan identificar contrapartes, proteger los datos de sus clientes, evaluar quién recibe las comisiones de validación y cumplir órdenes de congelamiento de activos. Un documento de discusión divulgado el 19 de noviembre por MIT Digital Currency Initiative y Kinexys Digital Payments, de J.P. Morgan, organiza este problema en unos 170 requisitos para una infraestructura compartida.
Las exigencias se distribuyen en 21 categorías y siete pilares: protocolo y registro; seguridad, resiliencia y niveles de servicio; interoperabilidad y desarrollo; controles de participantes; controles de transacciones; datos, aspectos jurídicos y aseguramiento; y gobernanza, economía y gestión de cambios. El objetivo es ofrecer un punto de partida a desarrolladores y operadores que buscan atender a instituciones financieras.
El análisis considera improbable que una red totalmente descentralizada, pública y sin permisos de acceso satisfaga todas estas necesidades. En cambio, explora la posibilidad de una red abierta y con acceso autorizado, cuya admisión siga criterios objetivos y publicados, con neutralidad creíble y sin que una sola parte controle las reglas.
La lista incorpora la experiencia de J.P. Morgan tanto con la infraestructura privada de Kinexys como con productos tokenizados en Ethereum y Base. Esta combinación plantea cómo preservar la capacidad de participación de una red abierta y, al mismo tiempo, dar a las instituciones medios para cumplir sus obligaciones legales y operativas.
El trabajo es preliminar: no representa el lanzamiento de una red ni demuestra que todos los requisitos sean indispensables. Los autores reconocen que parte de las exigencias puede reflejar supuestos de sistemas centralizados e invitan a bancos, desarrolladores, usuarios y reguladores a cuestionar el análisis. Para el mercado institucional, su contribución es explicitar las condiciones que una infraestructura compartida tendría que demostrar antes de sustentar operaciones financieras reguladas.
