Hong Kong busca extender la supervisión de activos virtuales más allá de las plataformas de negociación y abarcar a los intermediarios que asesoran, administran y custodian posiciones de clientes. El proyecto publicado el 20 de noviembre propone incorporar cuatro modalidades de servicio al régimen regulatorio, ampliando el conjunto de instituciones sujetas a requisitos de acceso y supervisión.
El cambio tiene implicaciones directas para bancos, gestores y proveedores de infraestructura: operar dentro del perímetro financiero tradicional no eximiría del encuadramiento específico para los servicios con activos virtuales.
Cuatro actividades dentro del perímetro
La propuesta modifica la legislación de prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo para exigir licencia o registro ante la Securities and Futures Commission (SFC) a quienes desarrollen en Hong Kong un negocio de negociación, asesoramiento, gestión o custodia de activos virtuales. El régimen incluiría una evaluación de idoneidad y aptitud, además de los demás requisitos regulatorios aplicables.
Los bancos y los emisores autorizados de instrumentos de valor almacenado supervisados por la Hong Kong Monetary Authority (HKMA) también necesitarían registrarse ante la SFC si quisieran prestar servicios con activos virtuales. El proyecto atribuye a ambas autoridades los poderes necesarios para implementar el régimen.
El efecto para las instituciones
Al abarcar actividades distintas de la operación de una plataforma, la propuesta desplaza el foco regulatorio hacia la cadena de servicios. Para una institución que combine distribución, gestión y custodia, la evaluación de cumplimiento tendría que considerar cada actividad y su encuadramiento. La ampliación también convertiría la situación regulatoria de los proveedores en un elemento más explícito en la selección de socios.
El diseño anunciado busca alinear el tratamiento de los activos virtuales con los estándares de los servicios financieros convencionales, con la prevención del lavado de dinero y la protección del inversor en el centro del régimen. Esto ofrece una orientación para la planificación institucional, pero todavía no permite tratar los nuevos requisitos como obligaciones vigentes.
La tramitación sigue pendiente
La primera lectura en el Consejo Legislativo está prevista para el 2 de diciembre. La publicación del proyecto es una etapa del proceso legislativo, no la aprobación definitiva de los cambios.
El comunicado no establece una fecha de entrada en vigor ni detalla un calendario de transición. Para bancos y proveedores especializados, los próximos puntos de atención son la tramitación del texto y la definición de las condiciones operativas del nuevo perímetro.
